Las declaraciones públicas y judiciales y la documentación aportada por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ponen de manifiesto la financiación irregular del PP durante los últimos veinte años y plantean la comisión de posibles delitos por parte de la cúpula dirigente del partido. Ante tan grave erosión de su credibilidad y su legitimidad política, el gobierno no puede dejar de responder. Más aún ante la grave crisis social y económica que sufre el conjunto del estado y que,