Las declaraciones públicas y judiciales y la documentación aportada por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ponen de manifiesto la financiación irregular del PP durante los últimos veinte años y plantean la comisión de posibles delitos por parte de la cúpula dirigente del partido.
Ante tan grave erosión de su credibilidad y su legitimidad política, el gobierno no puede dejar de responder. Más aún ante la grave crisis social y económica que sufre el conjunto del estado y que, con semejante escándalo de corrupción, afecta a los cimientos de la Democracia. Si la opción del Sr. Rajoy y su gobierno es el silencio y esperar a que escampe demostrarán que su altura como gobernantes no es la que requiere la ciudadanía. Si Rajoy no da ninguna explicación, los ciudadanos y ciudadanas que no queremos un presidente bajo sospecha exigimos su dimisión.
El mismo gobierno y el mismo partido que está fracturando la cohesión social y desmontando el Estado de bienestar, está acusado, por sus propios dirigentes, de haber actuado como una organización mafiosa repartiéndose dinero de dudosa procedencia y oscura finalidad.
En cualquier país con una mínima tradición democrática tanto el presidente como los dirigentes y ministros citados en esos documentos habrían ofrecido una convincente explicación inmediata o habrían presentado una inmediata dimisión. También en este país, de acuerdo con las reglas de la Democracia, que incluyen la ética, la estética, la transparencia y el control, si el presidente no ofrece una explicación no hay más salida que su dimisión, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. No hacerlo será arrastrar en su caída a las instituciones democráticas y añadir asco y hastío al sufrimiento de la ciudadanía.